México: La marcha que desbordó el calendario político: Entre Tirios y Troyanos
Por: Fernando Mendoza/Académico, Analista Político y Consultor Media Training
La protesta ciudadana realizada el pasado 15 de noviembre representa mucho más que una movilización masiva: es el síntoma visible de una tensión estructural entre un gobierno que asegura tener el control político y social del país y una ciudadanía que, entre el hartazgo y la incertidumbre, busca recuperar la voz pública en un entorno donde la violencia y la falta de resultados concretos han dejado de ser temas abstractos para convertirse en experiencias diarias.
Esta marcha —multitudinaria en algunas ciudades, fragmentada en otras, contestada por grupos de choque y respondida con discurso defensivo desde el poder Ejecutivo— no puede entenderse como un evento aislado. Es, por el contrario, un momento bisagra en la secuencia política que se arrastra desde hace meses: asesinatos de figuras públicas, cuestionamientos a las instituciones electorales, disputas en torno a la seguridad y una creciente percepción de centralización y cerrazón en la toma de decisiones.
Para el gobierno, el movimiento aparece como una amenaza simbólica; para los ciudadanos, como un recordatorio colectivo de que la calle aún puede ser territorio de disenso. Pero lo decisivo no son solo los hechos: es la interpretación política que cada actor hace de ellos y las consecuencias inmediatas y mediatas que marcarán el rumbo de los próximos meses.
Este análisis integral, nos puede definir si este episodio fue una llamarada fugaz o el principio de un ciclo sostenido de presión social.
La narrativa desde el poder: control, desgaste y riesgos
El gobierno ha optado, previsiblemente, por un discurso de desacreditación. Como ha sido constante en los últimos años, cualquier movilización amplia es leída desde Palacio Nacional como una expresión inducida por la oposición o influenciada por intereses “extrarregionales”, según la narrativa oficial. Esta estrategia tiene ventajas inmediatas: consolida a la base dura que respalda al Ejecutivo y permite encuadrar la protesta dentro de una lógica de “ellos contra nosotros” que fortalece identidades políticas ya polarizadas.
Sin embargo, la marcha del 15 de noviembre introduce un matiz que preocupa al gobierno: la participación significativa de jóvenes, colectivos apartidistas, víctimas y sectores profesionales que han mantenido distancia de los partidos tradicionales. Este tipo de actor social no es fácilmente reducible al argumento oficial de la “mano negra”.
Para el gobierno, el principal riesgo no es la marcha en sí, sino la acumulación de descontento transversal. Cuando las protestas reúnen agendas tan diversas como seguridad, justicia, economía, corrupción, violencia institucional, rumbo político, dejan de ser fenómenos fácilmente segmentales y, por tanto, dejan de ser políticamente manejables mediante comunicación o narrativas adversariales.
A esto se suma otro factor: la presencia de imágenes de confrontación con fuerzas de seguridad, detenciones y vallas metálicas alrededor de edificios públicos alimenta una percepción de cerrazón que puede resultar contraproducente para un gobierno que insiste en ser “del pueblo”. La contradicción simbólica pesa más en tiempos de crisis que en tiempos de calma.
La narrativa ciudadana: legitimidad, diversidad y desafíos internos
Para los manifestantes, esta movilización representó un acto de reafirmación colectiva. Ante la percepción de un país atrapado en una espiral de violencia y deterioro institucional, salir a las calles fue un golpe de mesa: un “ya basta” frente a la normalización del miedo y la violencia.
La marcha también dejó claro que la ciudadanía, pese a la fragmentación política del país, conserva un espacio de articulación en momentos críticos. Coincidieron familias de víctimas, jóvenes hartos del desempleo o de la precarización, trabajadores del sector salud, colectivos feministas, organizaciones civiles y simpatizantes de la oposición tradicional.
No obstante, esta amplitud representa su mayor fortaleza y, a la vez, su talón de Aquiles. Una protesta con una decena de demandas simultáneas enfrenta el riesgo de la dilución: sin vocerías claras, sin rutas institucionales de seguimiento y sin acuerdos mínimos entre los propios grupos, la energía social tiende a dispersarse y desgastarse.
A ello se suma otro desafío: la presencia de grupos violentos o infiltrados. En algunos puntos, rompimientos de vallas y enfrentamientos aislaron el mensaje principal y ofrecieron al gobierno argumentos para minimizar la legitimidad de la protesta. La ciudadanía debe entender que, en el juego político contemporáneo, las imágenes son herramientas de poder, y una fotografía mal gestionada puede cambiar toda la narrativa pública.
Sin embargo, y pese a estas tensiones, la legitimidad de la marcha no se ha visto anulada. Muy por el contrario: el carácter masivo, la diversidad de participantes y el eco nacional la han colocado como un punto de inflexión en la conversación pública.
Legitimidad
La legitimidad no se decreta; se construye. Y esta marcha la obtuvo por cuatro razones fundamentales:
- Un contexto real de hartazgo: no se trata de una protesta artificial. Las condiciones socioeconómicas y de seguridad explican la necesidad de expresión colectiva.
- Participación transversal: cuando las consignas reúnen a personas de distintas edades, regiones y afiliaciones, la movilización adquiere peso simbólico.
- Reclamos verificables: la exigencia de justicia, seguridad y transparencia no depende de discursos, sino de hechos visibles en todo el territorio.
- Deterioro de la confianza institucional: la protesta surge, en parte, del desgaste entre ciudadanía y gobierno, un fenómeno que trasciende coyunturas.
La tensión se explica porque, desde el poder, la legitimidad se concibe como estabilidad; desde la ciudadanía, como participación. Ambas visiones chocan inevitablemente en momentos de incertidumbre nacional.
El día después
El impacto de esta movilización es visible en dos planos.
- Para el gobierno
- Costo político inmediato: la presencia masiva de jóvenes y víctimas afecta la narrativa oficial de que el país “va por buen rumbo”.
- Necesidad de recalibrar la comunicación: el discurso de confrontación puede resultar insuficiente frente a una ciudadanía que pide soluciones, no etiquetas.
- Presión por resultados tangibles: cada caso de violencia, cada crisis local y cada denuncia de corrupción será revisada con lupa durante las próximas semanas.
- Para los ciudadanos y colectivos
- Incremento de la visibilidad pública: la marcha reposiciona sus reclamos en la agenda nacional.
- Riesgo de criminalización: cualquier chispa violenta puede servir para justificar detenciones o estigmatización.
- Desafío organizativo: transformar la protesta en logros concretos requiere estructura, liderazgo y seguimiento.
Con una visión a mediano plazo, podríamos distinguir al menos tres escenarios en los próximos 6–18 meses
Con una probabilidad media-alta, tenemos al escenario #1 yo lo llamo Dispersión con desgaste.
Si el gobierno ofrece mesas de diálogo sin resultados y los colectivos no articulan una agenda unificada, la protesta puede diluirse.
Este escenario tranquiliza al poder, pero no resuelve los problemas de fondo. El descontento quedaría latente, listo para reaparecer en cualquier punto de presión.
Escenario 2 (probabilidad media) Escalada y polarización:
Si se repiten episodios de represión, criminalización o violencia en nuevas marchas, el movimiento puede radicalizarse.
Este escenario podría traer costos electorales al gobierno y beneficio para actores opositores que logren capitalizar el malestar.
Y por último, el escenario 3: Canalización institucional y acuerdos parciales con una probabilidad baja-media
Requiere voluntad política real y vocerías ciudadanas claras. De lograrse, podría destrabar algunos conflictos locales (seguridad, justicia, transparencia).
Es el escenario más constructivo… y el menos probable en el clima actual.
Para evaluar la evolución del escenario político tras la marcha, estos son los indicadores clave que deben observarse al menos de hoy a dentro 12 semanas.
Semana 1–2
Indicadores:
- Declaraciones oficiales: ¿se mantiene el tono de deslegitimación o aparece un lenguaje de apertura?
- Reacciones en los estados: gobernadores, alcaldes y congresos locales pueden marcar la pauta de la respuesta federal.
- Identificación de vocerías ciudadanas: ¿emergen liderazgos claros?
Interpretación:
Un gobierno que modere el discurso abre puertas. Uno que intensifique la confrontación cierra el margen institucional.
Semana 3–4
Indicadores:
- Convocatorias a nuevas marchas.
- Posibles detenciones de manifestantes o activistas.
- Cobertura mediática: intensidad, encuadre, tono.
Interpretación:
Si surge una segunda gran convocatoria, el movimiento podría consolidarse. Si hay detenciones selectivas, es señal de endurecimiento institucional.
Semana 5–6
Indicadores:
- Respuesta a crisis de seguridad: asesinatos, desapariciones, violencia local.
- Pronunciamientos internacionales: ONG, organismos multilaterales, parlamentos extranjeros.
- Articulación de un pliego petitorio unificado.
Interpretación:
La legitimación global influye en la política interna. Un pliego articulado eleva el costo del desdén gubernamental.
Semana 7–9
Indicadores:
- Cambios en aprobación presidencial o gubernamental.
- Movilización de contramarchas o demostraciones pro-gobierno.
- Ajustes legislativos o reformas anunciadas.
Interpretación:
El pulso empieza a estabilizar el escenario: o se abre la vía institucional o la polarización se profundiza.
Semana 10–12
Indicadores:
- Aparición (o ausencia) de negociaciones formales.
- Reacomodos en partidos de oposición ante el capital político emergente de las protestas.
- Señales del Ejecutivo sobre cambios en política de seguridad o justicia.
Interpretación:
Aquí se define el rumbo: institucionalización del conflicto, capitalización política, o desgaste ciudadano.
El país ante su espejo
Lo ocurrido el 15 de noviembre no es una anécdota; es un espejo.
Un espejo donde el gobierno observa los límites de su narrativa y la ciudadanía reconoce la fuerza —y la fragilidad— de la movilización social.
México está en un punto en el que la calle vuelve a ser protagonista y donde la política institucional tiene dos opciones: abrir cauces o cerrar puertas. Lo que ocurra en los próximos tres meses no solo definirá la relación entre ciudadanía y gobierno, sino que marcará el tono del clima político rumbo a los próximos ciclos electorales y al futuro inmediato del país.
Y aunque ningún gobierno lo admita abiertamente, lo cierto es que cuando la ciudadanía pierde el miedo a marchar, el poder empieza a perder el lujo de ignorarla.
fermendozanunez@hotmail.com
Fernando Mendoza/RCK Noticias/Veracruz, Ver.
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