Poder Judicial, robo en despoblado: Contrapunto

 

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la situación del Poder Judicial y es muy sencillo resumirlo: De 2019 a la fecha, fueron nombrados como magistrados 22 personas, la mayor parte de ellas o quizá todos, sin carrera judicial, sin experiencia y que llegaron como pago por su fidelidad a la mal llamada cuarta transformación.

Varios ejemplos, la primera presidente, Sofía Martínez Huerta fue una empleada de un juzgado municipal en Coatepec por casi 30 años. Tuvo una actuación desafortunada, aunque aseguran que estudiaba una maestría. Tuvo que dejar el cargo porque se acentuaron las amenazas del secretario de gobierno Eric Cisneros haca ella si no le entregaba al gobierno alrededor de mil 700 millones de pesos de los fondos de Retiro de Magistrados y para la Impartición de Justicia.

También, sacaron del retiro a Isabel Romero Cruz, quien debería haber ido a la cárcel tras haber delinquido durante su paso por el Tribunal Superior de Justicia, al ocultar un amparo de un preso. Lo ocultó para buscar un beneficio personal, fue descubierta y además de que la despidió la magistrada Teresita Álvarez de Santés, iba a ser denunciada, sólo la salvaron el entonces presidente Julio Patiño y la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros. Su amor por la 4T y el entonces candidato Andrés López Obrador, sirvió para que la nombraran magistrada, sin merecimiento ni estudios especializados.

Y peor aún, si bien en la gestión de Sofía Martínez Huerta se habló de que varios empleados utilizaron sus cargos para jinetear algunos recursos, ha sido en la administración de Isabel Romero Cruz en donde ha habido un saqueo desmedido.

Primero, la reducción de salarios de magistrados. Ilegal por donde quiera que se vea, pues la propia Constitución Política previene sobre el tema y habla sobre un salario digno, para evitar suspicacias.

Segundo, los recursos en manos de la administradora del Consejo de la Judicatura, Joana Marlén Bautista, desaparecieron rápidamente, como ejemplo, en 2021 agotó el presupuesto anual en tan solo nueve meses. Es decir, se gastó mil 609 millones de pesos. Se esfumaron, así como así.

Y encima, trabajadores que declararon bajo condición de anonimato denuncian que ha habido descuentos ilegales, despidos injustificados y exceso de gastos en cosas que nada tienen que ver con el trabajo que se realiza en el Poder Judicial.

De Joana Marlén Bautista se han escrito muchas cosas. Sobre su vida personal no hay nada que opinar, pues es su vida y lo bueno y malo lo tiene que resolver ella. Sin embargo, si ella fue puesta de forma estratégica para manejar a placer los recursos del Poder Judicial entonces sí se tiene que cuestionar, pues se ha hablado mucho sobre gastos que nada tienen qué ver con las funciones de ese poder.

Es decir, si se está chantajeando a los empleados para conservar el puesto, se les están descontando recursos como castigo o forma de presión para que se vayan y hasta evitar el pago de prestaciones a quienes lamentablemente fueron obligados a dejar el cargo, entonces sí se tiene que exigir que haya una auditoría profunda.

Mucho se ha hablado sobre su nula trayectoria pública. Se dice que laboró en un banco y posteriormente ingresó a la administración pública como secretaria de Eleazar Guerrero, pariente del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Su actuar, a decir de quienes la conocieron, fue gris. De allí, estratégicamente, fue enviada por Eleazar Guerrero al Poder Judicial, pues el objetivo eran los recursos de los fondos de Retiro de Magistrados y el fondo para la Impartición de Justicia que sumaban en ese momento, mil 700 millones de pesos.

Si bien Sofía Martínez Huerta se negó a entregarlos, los recursos desaparecieron tras la llegada de Isabel Romero Cruz. Sí, no hubo mano negra del PRI, ni el PAN, fue un robo en despoblado planeado y cometido por la cuarta transformación.

Y encima, lo que ya se sabe, nula administración de justicia, bloqueo a jueces y magistrados, transas del equipo de peritajes, demora en algunos juicios por instrucciones de Isabel Romero y lo peor, 20 holgazanes que se dicen magistrados y que se arrastraron para acceder a que se les redujera el salario.

Por cierto, en 2021 muchos trabajadores fueron despedidos. Prácticamente a ninguno le pagaron las prestaciones generadas y eso, también es un delito, pues el recurso no podía ser gastado en otra cosa. Así las transas en el Poder Judicial. Vaya, ni qué decir de los automóviles de lujo que se adquirieron para los pesos pesados provenientes de Morena, el partido que iba a ser diferente. Al final, ese partido peor que el resto.

PD Y pasó una semana más. La titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz sigue sin reunirse con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien ganó premios y prestigio tras trabajar honradamente en el Poder Judicial. Fue despedida injustamente y no le pagaron sus prestaciones. Lo peor, la presidente desobedeció la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que sugirió un diálogo para que ambas mujeres llegaran al mejor de los arreglos. Sin duda, una fichita la tal Isabel Romero Cruz.

¡Quédate en casa!

Miguel Ángel Gómez Ruiz/RCK Noticias/Xalapa, Ver.

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